Federico Arnillas






Escrito por: Federico Ignacio Arnillas Lafert
Presidente de la Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza - MCLCP

 

La lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria

El hambre es una realidad que ha marcado la evolución de la especie humana; que define y refleja -hoy-como ayer- las posibilidades de futuro y las condiciones de vida de miles de millones de seres humanos. La lucha contra el hambre es parte sustantiva de la lucha contra la pobreza y a favor de un desarrollo humano integral y sostenible.

En el Perú, en concordancia con la Declaración y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, diversas organizaciones de la sociedad, la cooperación internacional así como el Estado han sumado fuerzas para poner la lucha contra el hambre y a favor de la seguridad alimentaria, como temas centrales en la agenda pública nacional. Este esfuerzo ha adquirido una relevancia política importante y se ha dado en el contexto de uno de los ciclos de democracia política y de crecimiento económico más importante y largo de la historia republicana del país.

Un espacio clave en este esfuerzo es la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), institución que se conformó en enero de 2001, al inicio del proceso de transición democrática. La Mesa es una institución neutral, tiene una estructura nacional y descentralizada que sigue la estructura del estado y donde participan diversos actores sociales, económicos así como los operadores públicos de los diversos niveles de gobierno, tanto a nivel de autoridades como de funcionarios. CARITAS del Perú es parte del Comité Ejecutivo Nacional y participa a su vez en diversas mesas regionales o locales.

En el marco de la Mesa y a partir del enfoque de derechos, se ha buscado identificar y priorizar a los sectores claves de la población cuyos derechos a la alimentación y la seguridad alimentaria, no están debidamente garantizados, así como las regiones en las cuales residen. También se han identificado las actividades y servicios claves que el Estado, en sus diversos niveles de gobierno, debe brindar a la población, y los problemas que enfrenta para y cumplir con eficacia sus responsabilidades.

Además de los temas más específicamente asociados a materias alimentarias y nutricionales, la lista de los mismos y de las acciones a las que se ha recurrido para la lucha contra el hambre incluye también: la transparencia del gasto público, la definición de metas de política de reducción de la desnutrición crónica, la anemia y otras. También se han desarrollado campañas ciudadanas en torno a derechos de la infancia y la seguridad alimentaria.

A los elementos antes mencionados debemos sumar la construcción de acuerdos de gobernabilidad es decir, acuerdos políticos multipartidarios que en los sucesivos procesos electorales nacionales y regionales han contribuido para dar a la lucha contra el hambre y a favor del desarrollo humano un amplio consenso y sostener la prioridad y continuidad de las intervenciones.

A través de la Mesa y otras instancias de la sociedad y del propio sector público, se han desarrollado capacidades para el seguimiento del gasto y la ejecución del mismo. Se han presentado reportes periódicos a manera de balances concertados de los avances y de los problemas encontrados para garantizar esos derechos. Ello se ha traducido en recomendaciones concertadas que han ido induciendo a reformas en diversos procesos de gestión a fin de adecuar las intervenciones a los diversos contextos geográficos (áridos desiertos, cumbres heladas y cálidos llanos amazónicos) y las diversidades lingüísticas y culturales que caracterizan el Perú.

A lo largo de estos años se ha mejorado la asignación de recursos públicos a estas tareas y la posibilidad de dar seguimiento al uso de los mismos a través de programas presupuestales y la “gestión por resultados”. El principal logro a la fecha es que se ha bajado a la mitad la tasa de desnutrición crónica, respecto al nivel del año 2000.

La estrategia aplicada reconoce la diversidad de factores que influyen sobre la inseguridad alimentaria de la población. Esta perspectiva plantea un reto a las aproximaciones especializadas y las formas habituales de gestión institucional que tienden a sectorizarse y no generan puentes entre actores, niveles y formas de intervención. Un elemento importante para evitar este riesgo ha sido el uso del enfoque territorial y el desarrollo de herramientas y estrategias de intervención “multiactor, multinivel y multisectoriales”.

Esta perspectiva se enlaza y se refuerza con el enfoque de derechos; con la necesidad de vincular derechos, con planes y presupuestos, para las intervenciones, así como con la mejora de la transparencia y la rendición cuentas por parte de los operadores públicos. Y, por supuesto, con reconocer el rol activo cuando no, protagónico de las propias comunidades en los procesos de toma de decisiones y de gestión de las políticas de desarrollo humano integra.

La urgencia de su implementación es mayor en un proceso de cambio climático como el que se vive hoy en el mundo y que va a agravar los problemas de inseguridad alimentaria para el planeta en su conjunto, pero en especial para los más pobres de sus habitantes.