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Comunicado de los Obispos de la Amazonía Peruana

Tras el asesinato de defensores de derechos humanos, la mayoría indígenas, durante el último año en territorio amazónico peruano

Ante la grave situación de amenazas y asesinatos contra indígenas de nuestra Amazonía, quienes defienden y luchan por el respeto de sus derechos, especialmente por su derecho al territorio, los Obispos de la Amazonía peruana expresamos nuestra profunda indignación y manifestamos nuestra total solidaridad con las familias, los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas.

Solo el último año, marcado por la pandemia de la COVID-19, que impacta particularmente a estos pueblos, se asesinaron a siete personas implicadas en la defensa de sus pueblos, sus territorios y bosques, la mayoría, indígenas: Estela Casanto, Herasmo García, Yenes Ríos, Arbildo Meléndez, Gonzalo Pio, Lorenzo Wampa, y Roberto Pacheco. Actualmente, hay otras personas que vienen sufriendo amenazas ataques y agresiones a consecuencia de su labor en defensa de sus territorios y la protección del ecosistema en comunidades nativas de toda la Amazonía. El reciente asesinato de Estela Casanto, lideresa y fundadora de la comunidad nativa de Shankivironi, ubicada en el valle del Perené, región Junín, es una trágica muestra de la desprotección en que se encuentran.

La situación que vienen enfrentando los pueblos indígenas y particularmente quienes los defienden, demuestra que los esfuerzos realizados por el Estado han sido totalmente insuficientes para darles protección y garantizar la seguridad jurídica de sus territorios, de acuerdo a lo establecido en las leyes y los acuerdos internacionales ratificados por el Estado peruano. El actual marco jurídico de protección que ampara a estas personas solo funciona como un procedimiento protocolar que consiste en un “Registro de personas defensoras”.
Asimismo, vemos que avanza el acaparamiento de tierras, la invasión de territorios comunales, la expansión del narcotráfico, los monocultivos, especialmente de palma aceitera, en diversos lugares de la Amazonía. Todo esto en medio del crecimiento de la corrupción de los funcionarios públicos y el trato discriminatorio hacia indígenas que defienden sus territorios y exigen su titulación.

En este sentido, se ha configurado un escenario que incrementa las condiciones de inseguridad y desprotección de quienes asumen la tarea de la defensa de sus poblaciones indígenas y de sus territorios, y que resulta lamentablemente en el asesinato y el despojo de sus territorios.
Ante esta situación, exhortamos a las autoridades del gobierno nacional y gobiernos regionales:

  1. Retomar, fortalecer y terminar de una manera efectiva con el proceso de titulación, georreferenciación y actualización, redimensionamiento y reconocimiento de los títulos de las comunidades.
  2. Terminar con la excesiva burocracia y la corrupción de funcionarios que favorecen el despojo territorial y fragilizan la labor de las defensorías ante las mafias y traficantes e invasores de tierras. Como dice el líder Cacataibo Herlín Odicio, la titulación de una comunidad demora décadas y una concesión forestal un año.
  3. Que desde las autoridades del Estado y con los dirigentes de las comunidades nativas y sus organizaciones, se diseñe un plan de vigilancia social y territorial para protegerlas de las redes de narcotráfico, quienes muchas veces, tratan de involucrarles en sus ilícitos, ante la impasibilidad de las autoridades.
  4. Realizar una gestión pública desde el Estado, con un enfoque intercultural, de acuerdo a la realidad cultural de los pueblos indígenas y respetando sus derechos para acabar con la discriminación hacia los indígenas en la administración pública.
  5. Establecer una política pública y capacitar a funcionarios públicos sobre la protección a las personas defensoras de derechos humanos, particularmente de las indígenas.
  6. El Gobierno Central debe articular al Ministerio de Justicia como responsable de la protección de los/as defensores/as indígenas, con las entidades operativas encargadas de brindar las garantías necesarias como el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

El cuidado de nuestra Casa Común no puede hacerse realidad si se sigue acabando con la vida de los/as defensores indígenas que son los que han hecho posible que, a pesar de los atropellos y la depredación que ha sufrido la Amazonía durante siglos, todavía podamos tener una extraordinaria diversidad biológica y cultural.
“Si el llamado de Dios necesita de una escucha atenta del clamor de los pobres y de la tierra al mismo tiempo, para nosotros «el grito de la Amazonía al Creador, es semejante al grito del Pueblo de Dios en Egipto (cf. Ex 3,7). Es un grito de esclavitud y abandono, que clama por la libertad»” (Querida Amazonía 21). Respaldamos el clamor de justicia y protección para los/as defensoras indígenas y exhortamos al Estado a establecer en forma urgente un proceso de diálogo intercultural y de buena fe, con las organizaciones indígenas amazónicas para acabar con las amenazas y las muertes de los/as defensores/as indígenas y con la inseguridad jurídica territorial.

Perú, 18 de marzo de 2021

Mons. Gerardo Zerdin, OFM Obispo Vicario Apostólico de San Ramón.
Mons. Juan Bautista Oliver, OFM, Obispo Vicario Apostólico de Requena.
Mons. Alfredo G. Vizcarra, SJ, Obispo Vicario Apostólico de Jaén.
Mons. David Martínez de Aguirre, OP, Obispo Vicario Apostólico de Puerto Maldonado.
Mons. Jesús María Aristín, CP, Administrador Apostólico de Yurimaguas.
Mons. Martín Quijano, SDB, Obispo Vicario Apostólico de Pucallpa.
Mons. José Javier Travieso, CMF, Obispo Vicario Apostólico de San José del Amazonas
Mons. Miguel Fuertes Prieto, OSA, Administrador diocesano de Iquitos